Es un conjunto de actos reglamentados que tienen como propósito el esclarecimiento de los hechos, buscan la protección de los inocentes, procuran que el culpable no quede impune, y que se reparen los daños causados por el delito.
El Proceso Penal es acusatorio, oral y se rige por los principios de publicidad, contradicción, continuidad e inmediación.
Es la etapa donde se integran los datos de prueba aptos y suficientes para sustentar la formal imputación o en su caso el no ejercicio de la acción penal, el tener claro la teoría del caso y saber proponer actos de investigación así cómo saber integrar datos de prueba que favorezcan a nuestros representados, es fundamental en las etapa de investigación administrativa y Judicializada.
A partir de la Reforma penal de 2008, el sistema Inquisitivo mixto que regulaban los códigos penales de los estados, cesaron en su aplicación para que a partir de 2016 sin excepción, entro en vigor el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, regido por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En consecuencia hay asuntos que se atienden bajo uno u otro sistema con reglas, procedimientos y principios diferentes, en Herreras Abogados nos especializamos en ambos sistemas.
La figura de mediación y conciliación en el nuevo sistema penal acusatorio, nos da la posibilidad de poder llegar a una solución anticipada en los litigios penales, con base a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y con el conocimiento de nuestra firma en esta área, podemos construir un acuerdo, que puede dar fin a la pretensión punitiva y garantizar la reparación del daño.
Es el Juicio por el cual se logra suspender o restituir el goce de los derechos fundamentales de nuestros clientes, que pueden ser afectados por el accionar de la autoridad, en Herreras Abogados contamos con experiencia en este tipo de Juicios, así como en la interposición de recursos de revisión y queja.
El órgano jurisdiccional es el encargado de aplicar y ejecutar las sanciones impuestas al acusado en una sentencia penal, la cual debe garantizar la dignidad de la persona, mediante una estricta rehabilitación, atendiendo los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y leyes especiales, garantizando la reparación del daño a la víctima y ofendidos.